
SANTO DOMINGO.- La Asamblea Nacional, en función de Asamblea Revisora, estableció ayer sanciones para los funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción o que aprovechen sus posiciones para obtener provechos económicos o favorecer a terceros.
Los asambleístas acogieron condenar la corrupción en el Estado al aprobar en segunda lectura los artículos referentes al “Estatuto de la Función Pública”, mediante el que se prohíbe también que los funcionarios de entidades centralizadas o autónomas que manejen recursos del Estado apliquen disposiciones para incrementarse los salarios.El nuevo artículo 145 del proyecto de reforma constitucional “condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado”.En tanto que sus cinco numerales establecen sanciones para los que incurran en esos actos; para los que favorezca a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados, e instituye como obligatoria la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos.Poder LegislativoLos asambleístas aprobaron también 11 artículos referentes al Poder Legislativo, siendo el más discutido el nuevo 78, sobre la “Elección de las y los Legisladores”, ya que los bloques del PLD y el PRD buscaban eliminar el numeral que consagra que los congresistas deberán rendir cuentas al pueblo y “son libres e independientes en la toma de decisiones en los asuntos sometidos a su aprobación”, para cumplir así con los acuerdos del presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. Posteriormente, José Leonel Cabrera (Neney), vocero de los diputados perredeístas, sometió un numeral que buscaba obligar constitucionalmente a que los legisladores obedezcan las líneas de los partidos políticos, lo que fue rechazado por Isabel Bonilla, Minou Tavárez Mirabal y otros asambleístas.Bonilla dijo que con la propuesta se buscaba que los legisladores sean “borregos” y descerebrados”, que trabajen sólo como indiquen los partidos.La propuesta fue rechazada y aprobaron el numeral quitando la frase “libres e independientes”.La InvestiduraLos asambleístas dejaron sobre la mesa una propuesta del diputado Víctor Suárez (PLD-Santiago), mediante la que sugiere establecer que los legisladores pueden perder su investidura por diferentes faltas, incluso por la “inasistencia en una legislatura a la mitad de las sesiones de la Cámara” y por no investirse en un plazo de 30 días.